No resulta atendible en esta etapa extraordinaria, la referencia a cuestiones vinculadas con apreciaciones de hecho y prueba, que no constituyen materia propia del recurso en tratamiento, salvo situaciones extremas de arbitrariedad o absurdo que hayan sido expresamente alegadas y demostradas por el impugnante

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que ya sea ateniéndose exclusivamente a la literalidad del texto de la ley, ya sea indagando en la intención perseguida por el legislador -plasmada en los antecedentes parlamentarios reseñados- no es posible sino concluir, que la Ley de Responsabilidad Estatal en forma alguna cercena la posibilidad de que, ante el incumplimiento de un mandato judicial por parte del Estado Nacional, los tribunales apliquen las medidas compulsivas contempladas en el ordenamiento jurídico a los efectos de vencer ésa reticencia. Sin perjuicio de ello, es preciso recordar que para la aplicación de las disposiciones de la citada ley nacional, es necesaria la adhesión legislativa de la jurisdicción que pretenda aplicarla (art 11 LRE) que en el caso de la demandada (municipio de primera), no se ha llevado a cabo

La excepción contenida en la LCT respecto de los dependientes de la administración pública, cobra vigencia en el caso traído a estudio, por cuanto a los trabajadores de la Dirección de Obras Sanitarias de la Provincia les es aplicable el Convenio Colectivo de Trabajo 57/75, siendo en consecuencia el fuero laboral competente para entender en los presentes

La prisión preventiva tiene como finalidad la de resguardar el proceso sin interferencia a los fines de poder resolver el conflicto penal y su pretensión punitiva. Cuando estos fines están en riesgo se podrá restringir de modo fundado la libertad del imputado, por períodos razonables de tiempo, para preservar la producción de pruebas o si existe peligro cierto de fuga.

La prescripción de la acción se considera de orden público, y debe ser declarada de pleno derecho y por el mero transcurso del plazo legal si es que no se verifican circunstancias que la suspendan o interrumpan; además, los tribunales deben expedirse sobre su existencia en cualquier estado del proceso y en forma previa a toda decisión sobre el fondo del asunto

El remedio de la aclaratoria busca brindarles a los justiciables un instrumento apto a los fines de corregir un pronunciamiento judicial. Esta corrección se puede dar en tres supuestos, cuando el decisorio desliza cualquier error material, cuando algunos de los conceptos utilizados por el sentenciante adolecen de oscuridad y. tal el caso que las postulantes traen a decisión, cuando al fallar el órgano jurisdiccional ha omitido pronunciarse sobre algunas de las pretensiones deducidas.

La acción de revisión es una acción impugnativa destinada a modificar una sentencia condenatoria firme, en razón de haberse alterado circunstancias de hecho o de derecho que llevaron a su dictado. Siguiendo a Clariá Olmedo ésta no constituye un recurso en sentido estricto, sino que se trata de una acción impugnativa que persigue la revocación de una sentencia firme y la anulación del proceso en que se pronunció, fundándose en circunstancias nuevas y ajenas de las tenidas en cuenta al momento de su dictado. Es decir que se trata de una pretensión impugnativa autónoma, o al menos así lo ha regulado nuestro ordenamiento ritual, sirviendo de remedio excepcional o extraordinario ya que supone la verificación de alguna circunstancia nueva - hecho, sentencia o ley que habilite la revisión. Ello así por cuanto las causales de procedencia, como ya se ha adelantado, se hallan enunciadas de manera taxativa.

La Justicia Laboral local es competente para entender en la revisión de la sanción de expulsión dispuesta por un sindicato respecto a alguno de sus afiliados, razón por la cual la sentencia del tribunal a-quo debe ser revocada.

La CIDH ha fijado el estándar que rige el control de la efectividad de la defensa y ha dejado en claro que se trata de una responsabilidad a cargo de las autoridades jurisdiccionales, quienes, ante un supuesto caso de asistencia técnica deficiente, deben evaluar si la acción u omisión del defensor público constituyó una negligencia inexcusable o una falla manifiesta en el ejercicio de la defensa que tuvo o puede tener un efecto decisivo en contra de los intereses del imputado. Precisó también que una discrepancia no sustancial con la estrategia de defensa o con el resultado de un proceso no será suficiente para generar implicaciones en cuanto al derecho a la defensa.

Quien deduzca la acción de amparo debe demostrar la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en que incurre la autoridad demandada, en tanto, dicha exigencia implica que ella ha de surgir sin necesidad de investigación, ya que, la nota fundamental del instituto del amparo no está dada por la inexistencia de discusión, sino por la indiscutibilidad de la pretensión.

Puestos a despacho los presentes para resolver la cuestión planteada, se advierte que recientemente, el profesional recusado se ha acogido a los beneficios previsionales -circunstancia que es pública y notoria-, por lo cual, se impone declarar abstracta la recusación planteada, debiendo disponerse que se remitan los presentes a la Secretaría pertinente, a los efectos de que se proceda a una nueva integración

La Ley Suprema Provincial claramente establece, que el único tribunal competente de modo exclusivo y excluyente para intervenir en las apelaciones de hábeas corpus es el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, y ninguna norma infraconstitucional puede establecer disposiciones en contrario. Por ello corresponde anular todo lo actuado por ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Provincia, así como también lo decidido en esa instancia

El remedio casatorio intentado ha sido debidamente declarado inadmisible por el tribunal a quo, pues, no corresponde habilitar dicho carril recursivo por no encontrarse prevista su impugnabilidad por la ley adjetiva para acceder a esta instancia extraordinaria de revisión, que se caracteriza por ser limitada y excepcional. En consecuencia, el decisorio venido en queja no amerita ser revocado por este Superior Tribunal de Justicia

El formalismo debe ceder n función de las particularidades del caso, a diferencia de los distinguidos colegas, entiendo que el interés superior del niño -en este caso niña mujer presuntamente afectada en su integridad sexual- cuando se le antepone otro derecho fundamental generando colisión entre ellos, el alcance del mismo no debe imponerse en forma automática tomando solo como referencia el aspecto normativo, sino a través de la ponderación que debe realizar el magistrado y que no es más que la optimización relativa a principios contrapuestos

Es tarea liminar del Superior Tribunal de Justicia reeditar el juicio de admisibilidad formal del recurso de casación deducido. Así, debe verificarse si éste ha sido intentado oportunamente, por quien se encuentra legitimado para ello, contra un decisorio recurrible por esta vía conforme expresa previsión de la norma adjetiva, o contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, debiendo el casacionista elaborar una fundamentación técnica autónoma circunscripta a los motivos previstos en el plexo ritual.

El Tribunal de Alzada debe verificar que la impugnada sea una sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario; que la crítica haya observado las exigencias relativas a la forma, el lugar y el tiempo del recurso; que haya sido deducida por quien tiene legitimación al efecto; y haya invocado alguno de los motivos casatorios taxativamente previstos para la vía de que se trate.

Este Alto Cuerpo, en materia recursiva es competente para entender en los recursos extraordinarios de Casación, Queja por Casación Denegada, Acción de Revisión y Recurso de Inconstitucionalidad, conforme lo preceptuado por nuestro ordenamiento jurídico procesal y la Constitución Provincial. Queda así al margen de su ámbito de actuación, el avocamiento y resolución de la queja por alzada denegada deducida por el Ministerio Público Fiscal.

Al tiempo de la promoción del incidente de perención, se encontraba ampliamente cumplido el plazo de seis meses requerido para que opere la caducidad, lo que indudablemente sella la suerte del incidente, en el sentido de la procedencia.

Para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria es necesario que: I. se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; II. Esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y III. La decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas.

En el recurso deberá invocarse de manera clara y expresa alguna de las causales previstas por la ley procesal como motivo legal para recurrir, e individualizarse el agravio, mediante la indicación del artículo de la ley que ha sido mal aplicado en el caso concreto. Es también necesario que se señale cuál es la norma que debió ser aplicada, y con qué alcance y sentido, de manera de precisar la interpretación errónea que se atribuye al tribunal del juicio. Cada causal de censura, por su parte, debe invocarse separadamente con sus fundamentos, esto es, con las razones y argumentaciones que se pueda hacer en mayor o menor medida para demostrar que el error que configura el motivo existe efectivamente.

La resolución atacada no es de aquellas cuya impugnación se habilita mediante la vía casatoria, puesto que no es una sentencia definitiva a los fines del recurso ya que no pone fin a la acción o a la pena, no imposibilita la continuación de las actuaciones, ni tampoco versa sobre la extinción, conmutación o suspensión de una pena y puesto que tampoco puede ser equiparable a tal, pues no se evidencia que de ella resulte un gravamen de imposible, tardía o insuficiente reparación ulterior.

En materia de impugnaciones, el derecho al recurso o derecho al doble conforme consagrado constitucionalmente, garantiza al imputado el acceso a una instancia de revisión de la sentencia condenatoria. Asegurada procesalmente dicha instancia, que en nuestro digesto procesal penal se satisface con el Recurso de Alzada, la habilitación del Recurso Extraordinario de Casación se restringe a los supuestos expresamente previstos en el ordenamiento ritual.

De requerir las partes la audiencia preliminar, se debe habilitar su realización dada su innegable importancia. Su principal finalidad es la de disponer de un espacio procesal preliminar al debate, que resuelva cuestiones de naturaleza incidental, para una mejor administración del juicio oral.

Los hechos y circunstancias denunciadas como sustento de la acción de revisión, deben permitir alcanzar por sí mismos la certeza de los extremos marcados por la norma bajo la cual se la encuadra o cuando menos, debe surgir inequívoca de la detallada explicación que brinde el pretendiente

El recurso directo o de queja por casación denegada es el remedio procesal tendiente a lograr que el Superior Tribunal de Justicia, tras revisar el juicio de admisibilidad efectuado por el órgano inferior, revoque la providencia denegatoria de la casación, la declare admisible y, eventualmente, disponga sustanciarla en la forma y efectos que correspondan. A tales efectos, el quejoso debe limitarse a ensayar una crítica certera y razonada del auto que deniega aquel recurso, puesto que cualquier otro argumento acerca de la resolución que se pretende casar, escapa al marco del recurso directo

En el marco de la cautelar innovativa, el análisis del requisito de verosimilitud del derecho, requiere que el juez sea más estricto en verificar si el peticionante goza de una apariencia de derecho, y mucho más aún, cuando de actos de la administración pública se trata, en tanto estos gozan de presunción de legitimidad. Ello es importante incluso por cuanto su dictado importa en cierta medida un anticipo ante una eventual sentencia favorable.

Este Alto Cuerpo tiene sentado criterio en que el casacionista en primer lugar debe acreditar que no cuenta o no tiene la probabilidad cierta de contar con la suma requerida, por cuanto es éste quien debe desplegar la actividad probatoria a los fines de acreditar que su situación económica le impide dar cumplimiento al depósito en dinero, y recién ante dicha circunstancia, quedaría habilitado el derecho a ofrecer otra garantía en sustitución.

Son numerosos los derechos que se vulneran mediante las agresiones sexuales: el derecho a la integridad, a la intimidad, a la privacidad, a la salud y, principalmente, se vulnera el derecho a no ser expuesta a ningún tipo de violencia, abuso, explotación o malos tratos. Este tipo de delitos acarrea para sus víctimas daños irreparables a su integridad física, psíquica y moral. Esa afectación se ve agravada por la exposición a los medios de comunicación y por la revictimización que puede promover el propio Estado a través de sus agentes y auxiliares. Nuestro país ha establecido un sólido compromiso con la comunidad internacional y por supuesto con sus habitantes, en garantizar el acceso a la justicia y la justa condena para los casos en que se adquiera la certeza de que existió afectación a esos bienes jurídicos protegidos.

La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto de juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

El Juez es quién tiene el poder exclusivo para determinar la legalidad de la situación fáctica. En tanto se trate de supuestos de legalidad, el fiscal, como cualquier parte ante un tribunal imparcial, sólo puede alegar, pero la decisión acerca de la legalidad corresponde únicamente al tribunal (función jurisdiccional).Si el fiscal sólo se opone a la suspensión alegando ausencia de requisitos, y el tribunal los considera cumplidos, equivale a consentimiento.

Los agravios postulados por la parte recurrente en ésta instancia extraordinaria, remiten necesariamente a un nuevo examen de los hechos y elementos probatorios que obran en la causa, cuestiones ajenas -en principio- a ésta instancia de excepción salvo, que se alegue y demuestre, perfectamente, en el escrito recursivo la presencia de los vicios que habilitan a éste Máximo Tribunal Provincial, a penetrar en la revisión de esas materias, esto es, el absurdo o la arbitrariedad en la valoración de los mismos.

Toda sentencia que impugna una sanción penal, debe tener una revisión amplia e integral comprensiva de hechos y pruebas por tribunal de jerarquía superior que permita alcanzar el estándar de "Doble Conforme", lo que implica alcanzar el estándar constitucional y convencional extraído del art. 8 inc.2 letra h del Pacto de San José de Costa Rica, en donde el proceso penal en que se impone condena, la sentencia que la fija puede ser revisada por tribunal superior (derecho a recurso), pero, además, para alcanzar su legitimidad debe coincidir la pena impuesta mediante la confirmación del tribunal superior (derecho a recurso) de lo decidido en la instancia inferior, luego de una revisión integral de todos los hechos y las pruebas producidas durante el proceso (doble conforme).

La exigencia de depósitos previos como requisito para la viabilidad de recursos, no es contraria a la garantía constitucional de la igualdad y de la defensa en juicio, encontrando, a su vez fundamento en el propósito de desalentar los recursos dilatorios o notoriamente improcedentes, en los que, por lo general se controvierten meras cuestiones de hecho y derecho común.

No basta para la oportuna y correcta introducción de las cuestiones constitucionales en la causa, la mera reserva del caso federal por afectación de garantías de los arts.14, 16, 17, 18, 19, etc., sino, que se requiere además de mencionar directamente los derechos federales, supuestamente desconocidos que se fundan en las normas constitucionales citadas genérica e indiscriminadamente, la demostración del vínculo que guarda cada una de ellas con lo resuelto en el pleito.

El Tribunal de Juicio Oral es el órgano que debe intervenir desde la elevación de la causa a juicio y hasta el dictado de una sentencia, objeto del proceso.

La determinación de cuál de las escrituras públicas -la del actor o la del demandado-, deben registrarse con carácter definitivo en el Registro General de la Propiedad Inmueble, es competencia propia de dicho Organismo. Y, a efectos de lograr un nuevo análisis de ésta cuestión, el interesado debe, oportunamente, deducir el recurso de recalificación ante el mismo Registro y, en su caso, el de impugnación ante el Superior Tribunal de Justicia. En consecuencia, la falta de tales planteos por parte del interesado, deja firme la resolución interna del Registro General de la Propiedad Inmueble, careciendo de sustento el agravio del recurrente sobre la falta de control judicial de ésta cuestión, originada en su propia inacción.

La Constitución Provincial, establece de modo taxativo los supuestos que pueden ser sometidos a la competencia originaria y vía apelación de éste Máximo Tribunal Provincial, sin que se encuentre comprendida en los mismos la acción meramente declarativa de certeza, postulada por la actora.

Seleccionar los medios de prueba computables y atribuirles la jerarquía pertinente es, en principio, facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria y exenta de casación.

La ley no define explícitamente a la falta de agotamiento de la vía administrativa, como vía residual, con lo que, prima facie, si un mismo acto lesivo podía objetarse por medio de una acción o recurso procesal o administrativo y también por el amparo sindical, el interesado puede optar por uno u otro conducto, en atención al objeto de su pretensión, bajo este supuesto no requerirá necesariamente el agotamiento de la vía administrativa para accionar judicialmente procurando el amparo de los derechos de la libertad sindical, exigencia que además no resultaría admisible si se tiene presente que la finalidad de la vía se justifica por urgente tutela que debe dispensarse a los derechos constitucionales en juego, cuando se obstaculiza o lesiona la libertad sindical.

El recurso de casación, aún cuando en su desarrollo pudiere prima facie presentarse deficitario, requiere la habilitación de la instancia extraordinaria no obstante vincularse a cuestiones probatorias, a efecto de que este tribunal analice si en la instancia de mérito, se ha vulnerado reglas de la sana crítica racional, o normas que regulan la actividad valorativa.

La competencia del STJ en el recurso de queja, se debe limitar sólo a dilucidar si la a-quo denegó en forma debida o no el acceso a ésta instancia casatoria y no debe pronunciarse sobre el fondo de la cuestión debatida, de modo tal que si no se constatan los requisitos de impugnabilidad exigidos por la norma procesal, luego de un reexamen de la verificación, se confirmará lo decidido teniéndose por bien denegado el recurso. Caso contrario, se tendrá por mal denegado y se solicitará los autos para abocarse a la revisión del mérito de la decisión impugnada en casación.

Siendo el recurso de queja un medio impugnativo, orientado al desplazamiento del obstáculo que puso el tribunal recurrido para lograr la revisión de su decisorio, lo interpretable no es el fondo del asunto que se pretende someter a revisión del Alto Cuerpo, sino los extremos que habilitarían la intervención de éste para auditar el planteo de la parte. En éste sentido, se debe examinar lo resuelto por el A quo de manera tal, de determinar si se observaron o no las formas prescriptas para declarar formalmente inadmisible el Recurso de Casación.

El género es una categoría de análisis que permite entender las relaciones de poder que se desarrollan entre las personas y que organizan las sociedades de formas diferentes. En ese orden de ideas, la perspectiva de género, enunciada por el Tribunal inferior y que resulta exigencia de los Tratados Internacionales invocados por éste, incorporados al bloque de constitucionalidad, opera como un criterio de interpretación de contextos y normativas aplicables a los hechos y a las pruebas, mas no como un agravante del tipo penal, por no resultar determinante en la fijación de la pena.

Cuando se persigue la declaración de falsedad de un instrumento público, debe dirigirse la acción contra todos los intervinientes en el mismo, inclusive el escribano otorgante, por tratarse de una hipótesis de consorcio necesario

Todo daño debe ser probado pues si bien es facultad de los jueces fijarlo, debe siempre probarse la realidad del perjuicio ya que constituye un principio básico en materia de reparación de daños y perjuicios, y por tanto, quien los alega tiene a su cargo la prueba de su existencia y de su monto

Como órgano del Poder Judicial, a la Excma. Cámara de Apelaciones le cabe la obligación de actuar con premura ante conflictos que tengan por protagonistas a grupos vulnerables, evitando dilaciones innecesarias, en cumplimiento de las responsabilidades asumidas por el Estado ante lo establecido por las convenciones internacionales suscriptas

El actor se encuentra perfectamente habilitado por la Ley de Riesgos del Trabajo vigente a elegir ante quien interponer la demanda civil, a efectos de asegurar su crédito integral. Ello es así, en tanto que en materia de pretensiones indemnizatorias por los daños y perjuicios causados, deducidas en sede civil rige el principio de la reparación integral, el que no constituye una mera formulación de palabras vacía de contenido. Es necesario para hacerlo realidad, un equivalente indemnizatorio ajustado al daño producido en el damnificado directo o indirecto. Asimismo rige en nuestro sistema el principio de reparación plena o integral del daño injustamente causado. No corresponde apartarse del mismo, salvo previsión normativa en contrario que en todos los casos deberá superar el test de constitucionalidad en su aplicación en el caso en concreto

El mecanismo de actualización RIPTE, previsto en la Ley 26.773, debe ser aplicado únicamente a los pisos y prestaciones de pago único, aun a las que se originaren como consecuencia de contingencias ocurridas antes de entrada en vigencia del Decreto PEN 472/14.

Estando el locatario obligado a reintegrar al locador la cosa arrendada, estará a su cargo la prueba de la excepción de tal obligación, cuando el hecho que afectó a la cosa arrendada no adquiera notoriamente las características del caso fortuito o de la fuerza mayor. A falta de prueba, el locatario cargará con las consecuencias del incumplimiento de su obligación de restituir o conservar la cosa en buen estado.

Para que exista un pronunciamiento válido debe existir una cuestión justiciable al momento de su emisión, de manera tal que menester resulta verificar que la materia objeto de litigio mantenga su vigencia, evitando con ello emitir sentencias abstractas. La extinción del objeto procesal, impide considerar la sustancia de la cuestión planteada, en la medida en que, por no verificarse excepcionales razones de índole institucional que justifiquen apartarse de esa regla, le está vedado al Tribunal expedirse sobre planteos que devienen abstractos porque todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual. Como regla, éste Superior Tribunal, sólo puede ejercer sus atribuciones jurisdiccionales cuando se somete a su decisión un caso concreto, es decir, la lesión a los derechos debe ser actual, o sus efectos prolongarse en el tiempo para el momento de la sentencia, lo que al no verificarse en el presente caso, corresponde declarar abstracta la cuestión, y en consecuencia, ordenar el archivo de las presentes actuaciones.

La Corte IDH impone al Estado argentino la obligación de asegurar la no aplicación de prisión o reclusión perpetua por delitos cometidos siendo menor de edad y, de igual modo, que Argentina deberá garantizar que las personas que actualmente se encuentren cumpliendo dichas penas por delitos cometidos siendo menores de edad puedan obtener una revisión de las mismas que se ajuste a los estándares expuestos en la sentencia.

El arraigo no sólo se limita al lugar donde se reside, sino también donde se tiene el asiento de la familia o se desarrollan los negocios o trabajo. En consecuencia, si el tipo delictivo que se le atribuye al imputado, admite condena de ejecución condicional, la sola circunstancia de la exclusión del imputado del domicilio real denunciado, resulta insuficiente para concluir en la falta de arraigo y en el consecuente peligro de fuga como fundamento para revocar la excarcelación.

El dictado de las medidas precautorias innovativas, requiere una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión, por alterar el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado.

En materia de revisión, la carga de la prueba se invierte desde el inicio, de manera tal que incumbe al peticionante demostrar con certeza la injusticia que significa la sentencia dictada y para ello deberá invocar algunas de las previsiones legales, acompañando pruebas de sus dichos, bajo sanción de inadmisibilidad.

Los agravios sólo comprenden el análisis de cuestiones de hecho y prueba, en principio ajenas a la instancia casatoria, si se refieren a la interpretación del contrato de venta celebrado entre las partes, especialmente en lo relativo a la forma de pago del precio y a su cumplimiento

El fuero contencioso administrativo es el competente para conocer en la contienda, dado que para resolverla se deben aplicar normas y principios propios del derecho público, donde resulta clara la prioritaria relevancia que los aspectos propios del derecho administrativo asumen para su solución, dado que los agentes de la administración pública están, en principio, comprendidos dentro del régimen jurídico del derecho administrativo, y fuera del ámbito de aplicación de la LCT, salvo las excepciones contempladas en el mismo art. 2 inc. a) de la citada normativa, al requerir que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

No se verifican los requisitos necesarios para que sea procedente la responsabilidad estatal por omisión si el Estado Provincial, a través de sus agentes, empleó los medios razonables para cumplir con su deber de seguridad (ausencia de una normativa expresa y determinada que obligue al demandado a actuar de manera específica; es decir ausencia de antijuridicidad); sin que los mismos hubieran podido evitar el hecho propio de la víctima que fue la causa directa y exclusiva del trágico desenlace (ruptura del nexo causal); así como que lo reclamado a la parte demandada no es materialmente posible pues la única forma de evitar el hecho luctuoso sería una vigilancia permanente y personal de cada uno de los reos, siendo que, de acuerdo a la dinámica propia de una comisaría, que exige el afrontar y actuar de inmediato ante diferentes hechos y situaciones que se presentan, debiendo en la mayoría de los casos trasladarse el personal al lugar de dichos hechos, siendo que el personal que permanece en la comisaría debe realizar en la mayoría de los casos diversas funciones, no es virtualmente posible

Si bien el código adjetivo regla, respecto del proceso sumarísimo, que "todos los plazos serán de dos días", esto sólo rige respecto a los actos procesales atinentes a la sustanciación del proceso, no así en lo que respecta a los plazos para la interposición de las diferentes vías recursivas -tanto ordinarias como extraordinarias-, las cuales están sujetas a una regulación propia

Siendo el recurso de queja, un medio impugnativo orientado al desplazamiento del obstáculo que puso el tribunal recurrido para lograr la revisión de su decisorio, lo interpretable no es el fondo del asunto que el recurrente procura someter a revisión de este Superior Tribunal, sino los extremos que habilitarían la intervención de este tribunal para auditar el planteo de la parte. En éste sentido, se debe examinar lo resuelto por el Aquo de manera tal de determinar si se observaron o no las formas prescriptas para declarar inadmisible el Recurso de Casación, interpuesto por el recurrente.-

Los agravios referidos a los montos indemnizatorios remiten indefectiblemente al análisis de cuestiones de corte netamente probatorio y sin que se avizore en el fallo recurrido un tratamiento que denote absurdo o arbitrariedad, los agravios de esta índole se hallan excluidos del ámbito del recurso de casación.

Si los agravios formulados en la instancia casatoria, entrañan típicas cuestiones de apreciación de los hechos y de las pruebas rendidas en el proceso, las mismas en principio constituyen materia ajena a la de casación, salvo que se demuestre perfectamente en el escrito recursivo la presencia de los vicios que habilitan al máximo tribunal a penetrar en la revisión de esas materias, esto es la arbitrariedad en la valoración de los mismos.

Cuando los vicios de absurdo y arbitrariedad son alegados, pero no existe en el memorial de agravios la demostración de su configuración, ya que sólo se limita a expresar a este respecto, que se trata de un monto exorbitante fijado sin razón, cuando en realidad, el Tribunal A-quo ha expuesto el criterio, las pautas y las pruebas que ha ponderado para su determinación, corresponde sin más desestimar el recurso planteado. Ello así porque no advirtiéndose en el fallo recurrido, que se haya afectado algún proceso lógico en la justificación de las motivaciones dadas por el tribunal para justipreciar la cuantía de la reparación, las alegaciones del recurrente quedan reducidas a meras afirmaciones que no se condicen con las constancias de la causa.

El rechazo de la defensa de prescripción liberatoria, constituye sentencia definitiva o equiparable a tal, debido a la trascendencia que la procedencia o improcedencia de dicha excepción reviste en el proceso, pues, lisa y llanamente define si el derecho reclamado resulta exigible o no mediante los medios coercitivos legales pertinentes

Para la habilitación de la instancia judicial, el acto administrativo impugnado debe tratarse de un acto definitivo, esto es que resuelva el fondo de la cuestión puesta a consideración de la autoridad administrativa. Además, se debe previamente agotar la vía administrativa, mediante la utilización de todos los recursos administrativos obligatorios para impugnar un acto dictado por un funcionario de jerarquía inferior, a fin de que puedan ser resueltos -en principio- por la autoridad máxima de la organización jerárquica e impedir con ello que el acto quede consentido y firme en la instancia administrativa. Se agota la vía administrativa por los recursos administrativos, previstos por las leyes a fin de que la autoridad competente, para resolver con carácter final, tenga la oportunidad de decidir en nombre del ente, y expresar su voluntad definitiva respecto del planteo formulado por el recurrente.

La validez e intangibilidad de los acuerdos celebrados homologados en sede administrativa se encuentran condicionados a su adecuación a principios de orden superior que comprenden el orden público laboral, como ser la irrenunciabilidad de derechos y el pago insuficiente.

UN óRGANO JURISDICCIONAL DISTINTO AL QUE DEBERá JUZGAR, TIENE A SU CARGO EL CONTROL DE ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA PARA JUICIO Y EL TRATAMIENTO Y RESOLUCIóN DE EVENTUALES EXCEPCIONES O PLANTEOS DE NULIDAD QUE LAS PARTES PRETENDIERAN INSTAR ANTE LOS MAGISTRADOS DEL PLENARIO, AGOTANDO ASí TODAS LAS CUESTIONES INCIDENTALES EN LA FASE INTERMEDIA, LO QUE PERMITE AVANZAR A LA ETAPA FINAL DEL JUICIO ORAL, ACOTANDO LA RELACIóN DIALéCTICA A LO SUSTANCIAL DE LA ACUSACIóN Y DE LA DEFENSA; Y DESPEJANDO SOMBRAS SOBRE LA IMPARCIALIDAD DE LOS MAGISTRADOS LLAMADOS A DIRIMIR FINALMENTE EL CONFLICTO PENAL.

Hay concausa en la producción del daño cuando confluyeron diversos factores, sin que ninguno de ellos tuviera la virtualidad suficiente para romper el nexo causal convirtiéndose en un eximente que jugara a favor de la demandada, sino que por el contrario actuaron en forma conjunta y/o complementaria.

Si la pretensión deducida es de naturaleza administrativa, y, por lo tanto, regida por normas de esa rama del derecho, resulta extraña a la competencia civil, toda vez que ello constituye el objeto del recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción de competencia de este Tribunal en instancia única y en juicio pleno

La aclaratoria está prevista para corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial de la decisión y/o suplir cualquier omisión en que se hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio

La ley de Sociedades Comerciales no prohíbe la cesión de la participación societaria en las Sociedades de Hecho, aplicándose a ésta los principios generales sobre la cesión de derechos. Sin establecer la ley ningún tipo de formalidad o procedimiento expreso para efectuar dicha cesión en este formato societario, salvo la forma escrita. Recordándose que la misma es válida a menos que se encuentre expresamente prohibida tanto por la ley, por el contrato o por la naturaleza del derecho

El proceso concursal tiene una norma específica que regula el instituto de la caducidad de la instancia, según la cual no perime la instancia en el concurso. En todas las demás actuaciones, y en cualquier instancia, la perención se opera a los tres (3) meses. Ello así, por cuanto la remisión que se hace a las normas procesales locales procede cuando la cuestión no está regulada en la ley especial y en la medida en que sean compatibles con la rapidez y economía del trámite concursal

Las operaciones de crédito o financiación para el consumo, actividad que ha sido receptada por la necesidad de preservar o amparar a la población ante las prácticas abusivas en el mercado del crédito, comprenden toda operación que un consumidor realice con una entidad financiera, o que impliquen situaciones de préstamo de dinero, aperturas de crédito, cualquier otra operación que implique posibilitar los medios para la adquisición de determinados bienes, se adquieran o no en definitiva éstos. Es decir toda operación de financiamiento o de crédito que tenga como fin directo o indirecto el consumo.

Si bien la ley recoge expresamente la tesis de la irrevocabilidad del acto regular, también prevé las excepciones a dicha estabilidad. es decir los supuestos de revocación, modificación o sustitución de oficio en sede administrativa, lo cual procede: a) cuando el interesado hubiere conocido el vicio; b) si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece sin causar perjuicio a terceros; c) si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario; e) por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando los perjuicios que causare al administrado.

El domicilio de la sucursal, tiene pleno efecto jurídico para las obligaciones allí contraídas, con el objeto de favorecer o proteger a la parte débil del contrato, como de los acreedores, para aliviarlo de la necesidad de litigar en la sede principal, por estar alejada del lugar donde se presume han sido contraídas las obligaciones.

La falta de firma de la parte en un escrito judicial hace inexistente el acto por carecer de uno de sus requisitos esenciales, con todas las consecuencias jurídicas que ello implica, y no puede subsanarse con la firma del patrocinante.

La índole misma de la defensa sine actione agit justifica su tratamiento prioritario, pues su oposición importa poner en tela de juicio la admisibilidad de la pretensión, cuya concurrencia debe ser verificada con carácter previo a la decisión acerca de su mérito.

Resulta arbitraria aquella sentencia de Cámara de Apelaciones que omite considerar los contornos fácticos de la decisión del juez de Control y Garantías a los fines de denegar una eximición de prisión.

La violación de la ley, debe entenderse como un concepto genérico que engloba toda infracción del derecho, independientemente del modo de su comisión; ya sea por aplicación a supuestos que no están subsumidos en la norma, o por omisión de hacerlo a hipótesis que la ley abarca, o por determinación errónea de los elementos fácticos en los que se debe basar la norma.

Las resoluciones de los Jueces de Falta por infracciones de tránsito son apelables ante el Juez Penal en turno del lugar de la transgresión, a la fecha del dictado de la sentencia, siendo la competencia de éstos magistrados penales, improrrogable.

Si bien, por un lado, los sujetos en estado de vulnerabilidad (menores) están en condiciones de formarse un juicio propio y expresar sus opiniones libremente en todo proceso en el que estén inmersos, ya sea en forma directa o a través de sus representantes legales, y por otro lado, conforme jurisprudencia de la Corte Suprema son seres todavía inacabados y en proceso de formación de valores y normas que hacen a la convivencia pacífica de una sociedad democrática, el juzgado o tribunal debe tomar recaudos especiales, y uno de ellos debe ser que el abogado propuesto no pertenezca a la órbita de alguno de sus padres, como modo de asegurar el desempeño autónomo de aquél a fin que la expresión del NNyA sea verdaderamente genuina y no una reproducción de la opinión del padre o de la madre, para asegurar la defensa con las características indicadas.

Puede caracterizarse al contrato administrativo como un acuerdo de voluntades generador de relaciones jurídicas subjetivas, en que una de las partes intervinientes es una persona jurídica estatal, cuyo objeto está constituido por un fin público o propio de la Administración y que contiene, explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado.

El Estado por medio del procedimiento administrativo debe impulsar, perseguir el objetivo de descubrir la verdad objetiva y concluir el trámite, a través de la ordenación y ejecución de las medidas que considere pertinentes y en los casos en particular, las medidas que estaba obligado a tomar por imperio de la ley (en sentido amplio), para resolver los conflictos en su esfera de actuación.

El agravante indemnizatorio previsto en el precepto previsto para los supuestos de falta de registración o registración deficiente importa en definitiva una respuesta adicional a las que puede brindar el contrato de trabajo, tanto así que ante la incorrecta registración de la fecha de ingreso, esta procede, sin perjuicio que el trabajador tenga a su alcance la salida que le brinda el art 242 de la LCT (denuncia del contrato de trabajo), al igual que en supuestos como los relacionados a la modalidad contractual o la categoría profesional, entre otros.

La regla básica del derecho de los contratos es que éstos deben celebrarse, interpretarse y cumplirse de buena fe (art. 1198 CCiv. y mantenido en el art. 961 CC y C y concordantes), o sea que la libertad contractual reconocida en el art. 959 CC y C, debe ejercerse conforme a aquélla. Es que la buena fe exige a las partes recíproca lealtad debiéndose apreciar objetivamente, aplicando a cada situación el criterio de lo que hubieran hecho dos partes honorables y razonables.

Los fines de la creación de un Tribunal de Alzada es constituirlo en un órgano jurisdiccional "intermedio" entre los Tribunales de Juicio Oral y el Superior Tribunal de Justicia, donde las partes podrán obtener la reparación de los perjuicios irrogados en instancias anteriores, sin necesidad de recurrir ante el Superior, ante quién se podrá habilitar -en su caso- un remedio recursivo extraordinario restringido a motivos de derecho, y que tiene por exclusivo o predominante objetivo el control de la ley sustantiva o adjetiva aplicada por los Tribunales de mérito, cuyo objeto de análisis serán aquellas cuestiones fácticas y probatorias controvertidas y resueltas en instancias ordinarias, asegurando así que el ordenamiento procesal habilite una vía que posibilite, de forma clara y precisa, el llamado "doble conforme".

El Estado debe actuar como garante de la esfera de derechos del niño, niña o adolescente víctimas de violencia sexual, a fin de evitar que su actuación en el ejercicio de la acción penal consume una segunda agresión por el despliegue de actos que, so pretexto de obtener la verdad histórica del hechos, implique su revictimización por violencia institucional, debiendo entonces observarse en el proceso destinado a concretar el acto de cámara gesell la normativa prevista en el código procesal penal.

Tratándose de la vía recursiva en un proceso civil, donde rige el principio dispositivo, la parte recurrente tiene la obligación de activar todo trámite, sobre todo de cumplir las disposiciones judiciales y de formular los requerimientos que correspondan para arribar al resultado querido, y que dicha carga cesa únicamente una vez cumplido el llamamiento de autos para sentencia, proveído que tiene por efecto invertir en cabeza del Tribunal la carga de finalizar el proceso con la resolución del conflicto.

La utilización de la palabra "solo" del artículo 98 del C.P.P., refiere o demuestra limitación, ya que si el legislador hubiera querido otorgar al querellante particular los mismos derechos y facultades que el Ministerio Público así lo hubiera manifestado.

Importa que en las instancias ordinarias se haya invocado de manera precisa el derecho federal que se dice desconocido, a los fines de la apertura del Recurso Extraordinario Federal.

La reparación por un infortunio laboral debe ser integral, y por lo tanto, se debe acudir al derecho civil para procurar la indemnización respectiva. Conforme a ello, si bien es cierto, que dicha reparación otorga una protección integral y, por lo tanto más amplia respecto de la establecida por el régimen laboral, no lo es menos, que para su procedencia, se debe acudir a las normas que rigen la responsabilidad civil, correspondiendo al damnificado la acreditación de los presupuestos fijados por la ley a tales fines, a diferencia de lo que ocurre cuando se trata de reparación tarifada, en la que el trabajador sólo tiene que demostrar la existencia de una relación de trabajo.

Aplicar un método de actualización del crédito laboral al fijar el quantum indemnizatorio mediante la confección de la planilla de liquidación en etapa de ejecución de sentencia, no importa modificar la cosa juzgada, sino mantener intacta la decisión del juez.

La facultad que deriva del ejercicio de la regla iura novit curia no comporta agravio constitucional en tanto no alteren las bases fácticas del litigio o la causapetendi, todo lo cual no ocurre al enmarcar el caso en la ley 24.557, que fue soporte de la pretensión de la actora no obstante su planteo de inconstitucionalidad y la invocación de la normativa civil en procuración de una reparación mayor.

La caducidad de la instancia constituye un modo anormal de terminación del proceso producido a consecuencia de la inacción de la parte interesada en el impulso de la causa por un lapso de tiempo considerable, que permite presumir la intención de abandono de la misma.

Las regulaciones de honorarios constituyen materia accesoria de las sentencias que resuelven la acción de amparo. Es por ello que el Superior Tribunal de Justicia se expide en las apelaciones interpuestas contra dichos decisorios, ya sea haciendo lugar o rechazándola

La estabilidad consiste en el "otorgamiento de seguridades para la conservación del cargo después que el agente ha quedado definitivamente incorporado al mismo y mientras duren su buena conducta y aptitud para el desempeño de la función", garantía que tiene su ámbito subjetivo de aplicación exclusivamente en aquellos nombramientos de carácter permanente sometidos al régimen público de empleo.

El Estado, por medio de sus órganos, es el que debe impulsar el procedimiento, a fin de perseguir el objetivo de descubrir la verdad objetiva y concluir el trámite, a través de la ordenación y ejecución de las medidas que considere pertinentes y, según el caso particular, las medidas que estaba obligado a tomar por imperio de la ley, para resolver el conflicto en su esfera de actuación.

La sentencia judicial constituye una unidad lógica entre sus distintos componentes, y que por ello su parte dispositiva, debe ser consecuencia de lo argumentado en los considerandos, no pudiendo ser el consecuente diferente al antecedente, corresponde precisar el alcance de la parte resolutiva de la sentencia objeto de casación conforme a los considerandos que se confirman en esta instancia.

Si bien el trabajador omitió reclamar que la sentencia que hizo lugar a la demanda, no condenó al pago de intereses, su determinación en etapa de ejecución de sentencia, no importa violación al principio de congruencia ni a la cosa juzgada, en tanto el juez laboral en virtud del art. 101 de la Ley 7049 (CPL) se encuentra facultado a fallar ultra petita (más allá de lo pedido), siempre que la existencia del crédito haya sido legalmente comprobada.

Por ser la usucapión un modo excepcional de adquisición del dominio, la comprobación de los extremos exigidos por la ley, debe efectuarse de manera clara, indubitable y convincente, siendo necesaria la cabal demostración de los actos posesorios por el termino de 20 años, en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida, con ánimo de dueño efectuados por quien pretende usucapir.

La acción civil dentro del proceso penal es independiente, en cuanto su esencia y contenido. Y en vista de ello se fortalece un sistema que satisface la economía procesal, para cumplir mejor con los postulados de tutela judicial efectiva que exige tanto la Constitución provincial y nacional como los Tratados Internacionales de DDHH, en cuanto a la preferencia de medios rápidos y sencillos para la realización de los derechos.