El Estado por medio del procedimiento administrativo debe impulsar, perseguir el objetivo de descubrir la verdad objetiva y concluir el trámite, a través de la ordenación y ejecución de las medidas que considere pertinentes y en los casos en particular, las medidas que estaba obligado a tomar por imperio de la ley (en sentido amplio), para resolver los conflictos en su esfera de actuación.