La acción de inconstitucionalidad se encuentra regulada en los arts. 839 a 843 del C. P. C. y C., y tiene por finalidad la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentos que estatuyan en materia regida por la Constitución y que afecten directamente los derechos patrimoniales del querellante (art. 839). Se trata de una acción declarativa, y por ello, la pretensión se agota con la declaración de inconstitucionalidad de la norma considerada contradictoria con la Carta Magna, produciendo la inaplicabilidad de la ley, resolución, decreto, ordenanza o reglamento en la parte afectada por la declaración.-