Cabe a los efectos del análisis de habilitación de la instancia contencioso administrativa, el estudio de tres cuestiones fundamentales: en primer lugar, si la decisión administrativa atacada reviste la naturaleza de acto administrativo en los términos del art. 1° de la Ley Nº 2.297; en segundo lugar, si se han interpuesto a su respecto los recursos o reclamos previstos en la legislación adjetiva; por último, si la demanda contencioso administrativa ha sido articulada dentro del plazo de caducidad fijado por los arts. 4 a 7 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo.