La Administración tiene la potestad de fijar la política a seguir para renovar funcionalmente los cuadros policiales, siendo uno de sus instrumentos operativos el retiro obligatorio con los derechos que correspondan a su personal al amparo de la legislación específica, atento a que el régimen policial requiere de una legislación específica si se considera las especiales características del accionar desplegado por su personal que tiene la enaltecedora y relevante función de resguardar el orden, la seguridad pública, la prevención y juzgamiento de ciertas faltas y la prevención del delito. El ejercicio de tales atribuciones no es revisable, en principio, por el Poder Judicial, salvo el caso de irrazonabilidad, arbitrariedad o lesión de derechos consagrados en la Constitución.