La pretensión procesal administrativa está fundada en el derecho administrativo en forma exclusiva o predominante cuando las pretensiones tienden a impugnar actos administrativos de alcance particular o general emanados de la Administración Pública las vías de hecho administrativas la pretensión indemnizatoria o de reconocimiento de cualquier situación jurídica individualizada, o la deducida en relación a la actividad administrativa del Poder Legislativo y Judicial, y por último, la pretensión de lesividad incoada por la propia Administración contra un particular.