En nuestro régimen legal, el trabajador víctima de una dolencia inculpable tiene total autonomía para la elección de su médico y, en consecuencia, de la terapéutica a aplicar en su curación, no encontrándose compelido, en ocasión del trabajo, a aceptar el tratamiento médico indicado por el servicio de medicina interna del empleador. Esto porque el médico patronal es, prácticamente, un perito de parte, por lo cual, no hay razón para hacer prevalecer la opinión del médico designado por el empleador para la realización del control o al menos ello aparece como una actitud exorbitante a la luz de los arts. 63 y 10 L.C.T.
LCT Art. 63 LCT Art. 10