Si bien es cierto que existe un derecho constitucional a la libertad durante el trámite del proceso penal no lo es menos que ese derecho no es absoluto ello significa que los habitantes gozan de él, conforme las leyes que lo reglamentan el Estado puede reglamentarlo en función de una legítima finalidad la de evitar que el individuo sometido a proceso eluda la acción de la justicia, sea impidiendo u obstaculizando la investigación del hecho o no cumpliendo la eventual pena que se imponga.
OBS. DEL SUMARIO (Confr. Pessoa, Nelson R. Fundamentos Constitucionales de la exención de prisión y de la excarcelación, Ed. Hammurabi, págs. 55/157, 1992, Bs. As.).