En ejercicio de las atribuciones reglamentarias concedidas por el art. 569 del CPP, y de interpretación normativa y reglamentaria otorgada a la Comisión de Implementación de la Ley N 6941 (art. 22, Ley N 6986), un órgano jurisdiccional distinto al que deberá juzgar, tiene a su cargo el control de admisibilidad de la prueba para juicio y el tratamiento y resolución de eventuales excepciones o planteos de nulidad que las partes pretendieran instar ante los magistrados del plenario, agotando así todas las cuestiones incidentales en la fase intermedia, lo que permite avanzar a la etapa final del juicio oral, acotando la relación dialéctica a lo sustancial de la acusación y de la defensa, y despejando sombras sobre la imparcialidad de los magistrados llamados a dirimir finalmente el conflicto penal.